Han contado con un año para ponerse las pilas y tenerlo todo a punto para la entrada en vigor, este 3 de abril, de las medidas obligatorias de la ley contra el desperdicio alimentario, con la que España debe alcanzar el objetivo de reducir al menos en un 20% la cifra de 1,7 millones de toneladas de comida que siguen desechándose cada año en el campo, en la industria, en los supermercados o en los servicios de restauración. A partir de ahora, con la normativa ya totalmente desplegada, las empresas agroalimentarias que no dispongan de planes de prevención o que no hayan suscrito acuerdos para donar los excedentes a entidades sociales se exponen a ser sancionadas con multas que pueden llegar a los 500.000 euros. Además, la hostelería y otros proveedores de menús colectivos (como escuelas, residencias u hospitales) “tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido”. Esta opción deberá realizarse siempre, y esta es la novedad, en envases reutilizables o fácilmente reciclables.

“Lo cierto es que la ley llega en un momento en el que las empresas ya hace tiempo que habían tomado conciencia sobre la importancia de combatir el desperdicio, ya no solo por una cuestión medioambiental o social, sino también porque toda merma tiene un coste económico“, reflexionaba la semana pasada Carolina Muro, directora de Relaciones Institucionales de Nestlé España y presidenta del comité contra el desperdicio alimentario de la asociación empresarial Aecoc. Para Muro, uno de los aspectos relevantes de esta normativa, que se inspira en la ley francesa de 2016, es que “armoniza y coordina lo que hasta había ido haciendo cada compañía por su cuenta“.

Solo el hecho de que se empezara a hablar hace unos años de que se iba a redactar una ley, “ya tuvo un efecto tractor y muchas empresas llegan a día de hoy con los deberes hechos”, indica, por su parte, Victoria Albiñana, responsable de Relaciones Institucionales de la plataforma Too Good to Go en España. Su compañía, que participó en su momento en la redacción de la normativa, ofrece una alternativa a la donación, “la redistribución, que es también una solución válida para dar una salida a los alimentos que aún están en buen estado y que pueden llegar, a precios rebajados, a otros consumidores”.