Los técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que las bajadas del IVA en electricidad y alimentos, aprobadas desde 2021 para mitigar los efectos de la crisis energética y la inflación derivados de la pandemia y de la guerra en Ucrania, son “paliativas e ineficientes”.

Además, aseguran que estas medidas pueden suponer un ingreso extra, pero ven necesario matizar que el IVA pagado por el consumidor final genera recaudación, pero el pagado por las empresas de transporte, agricultura, ganadería o pesca es deducible, y no supone un ingreso directo para Hacienda, ya que el IVA es neutral para las empresas.

Los años de mayor impacto recaudatorio fueron 2022 y 2023, cuando se aprobaron la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y la reducción del IVA de la electricidad, la bonificación al combustible, ayudas directas como el cheque de 200 euros, la gratuidad del transporte público o la supresión del IVA (0%) para productos básicos (pan, leche, huevos, frutas, verduras) y la rebaja al 5% para aceites y pastas.

Según datos gubernamentales, la batería de rebajas fiscales, subvenciones y ayudas directas tuvo un coste acumulado para las arcas públicas de más de 53.300 millones, cifra que el Banco de España estima entre 48.300 y 57.100 millones. Además, advierten que “las bajadas generalizadas de IVA a la electricidad son regresivas”, ya que benefician proporcionalmente más a las rentas altas con mayores consumos.

Por ello, los técnicos de Hacienda concluyen que se originó un coste fiscal superior porque la mayoría de las medidas fiscales adoptadas fueron generales y no iban destinadas exclusivamente a los hogares de bajos ingresos o sectores afectados.

Por lo tanto, consideran que las medidas tributarias no atacan la raíz del problema de la inflación y pueden ser absorbidas por aumentos en el precio del kilovatio, de las empresas petroleras o de alimentación “si no hay una supervisión estricta”.

Los técnicos de Hacienda plantean un catálogo de medidas centradas en racionalizar el uso y el coste de la energía y los combustibles, que deberán graduarse si la espiral inflacionaria o los efectos de la crisis se trasladan a los precios de los alimentos, de la vivienda o de otros bienes de consumo.

Así, para 2026, Gestha defiende un cambio de enfoque hacia la vigilancia “estricta” de los márgenes comerciales, los stocks y el control de los movimientos especulativos.

Descuentos al transporte público o reforzar el teletrabajo: las medidas propuestas

Entre las medidas propuestas, se encuentra una vía para reforzar los descuentos del transporte público colectivo; fomentar el teletrabajo en empresas y administraciones públicas. Además, piden profundizar en los incentivos fiscales a las empresas y trabajadores por utilizar cheques o tarjetas de transporte público y a la compra de vehículos eléctricos, enchufables e híbridos.

Gestha aconseja sondear la disposición de los grupos parlamentarios para lograr una estabilidad en el uso y precios de los alquileres de vivienda y locales de negocio; el refuerzo temporal de algunas prestaciones públicas; reeditar vales o cheques de emergencia para la alimentación de familias vulnerables u hogares en situación de pobreza energética, diferenciando su importe según el nivel de ingresos, y evitar las desconexiones por impago a consumidores vulnerables.

Una vigilancia “estricta” sobre los derechos de emisión de CO2 y operaciones de futuros sobre la electricidad con el fin de vigilar de manera más estricta el comportamiento de las operadoras del transporte y la logística, de la cadena alimentaria, del comercio minorista y de márgenes empresariales, y aprovechar la financiación europea en estas medidas.