351.400 euros al Banco de Alimentos, por adelantado y sin aval, con una condición: comprar solo en Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria ha concedido 351.400 euros a la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas para el proyecto «Canal Social 2026», una cantidad que, según la propia resolución, «supone el 100% de la financiación total del proyecto». La resolución se firmó el 9 de mayo y se ha hecho pública el viernes.
El dinero paga la compra de alimentos frescos y locales para familias en riesgo de exclusión, con una condición que estrecha el mercado: los productos deben comprarse a entidades, cooperativas, autónomos y empresas que tengan residencia en Gran Canaria y cuenten con producto local.
Dónde va cada euro
El presupuesto que la resolución aprueba se reparte en dos líneas y nada más:
- Adquisición de alimentos: 348.900 euros
- Auditoría: 2.500 euros
Es decir, 2.500 euros de dinero público financian el informe del auditor que el propio Cabildo exige para dar por buena la subvención. La justificación se hace por cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, y el coste de ese informe entra en la subvención.
El plazo de ejecución abarca todo 2026, del 1 de enero al 31 de diciembre, y el de justificación termina el 28 de febrero de 2027.
El dinero por delante, sin garantía
El pago se hace por el importe total y con carácter de anticipo a justificar, por transferencia bancaria. Y el Cabildo renuncia expresamente a pedir aval: «No se exige la constitución de garantía al beneficiario de esta subvención dado que por la naturaleza de las actuaciones financiadas y las especiales características del beneficiario queda suficientemente asegurado el cumplimiento».
Hay contrapesos escritos. No se puede pagar si el beneficiario no está al corriente con Hacienda y la Seguridad Social o es deudor por reintegro, y la asociación tiene que acreditar que no arrastra subvenciones pendientes de justificar con el plazo vencido. La subcontratación se admite hasta el 50% del importe de la actividad, con autorización escrita cuando pase del 20% y supere los 60.000 euros.
También hay holgura. Los cambios entre los conceptos de gasto del presupuesto no necesitan modificar la resolución mientras se muevan dentro de un margen del 15% arriba o abajo.
La compra obligatoriamente insular
El requisito de proveedor merece una lectura despacio. La resolución convierte 348.900 euros de gasto público en demanda cautiva para productores de una isla concreta, con la exclusión implícita de cualquier proveedor de fuera que ofreciese lo mismo más barato.
La ayuda alimenta dos cosas a la vez, la despensa de las familias atendidas y la cuenta de resultados de los productores locales. Con el mismo dinero se podría comprar más comida sin la restricción geográfica, o la misma comida y sostener a los productores, pero no las dos cosas al máximo.
El mismo expediente declara que la subvención no otorga «ventajas selectivas a empresas en el tráfico económico» y que carece de incidencia en el mercado interior.
Cinco meses de firma a publicidad, con el proyecto ya corriendo
La asociación presentó la solicitud el 27 de marzo, el informe justificativo del servicio insular de extensión agraria se emitió el 20 de abril y la resolución se firmó el 9 de mayo. La publicidad en la base nacional llegó el 11 de septiembre.
El proyecto llevaba en ejecución desde el 1 de enero, cuatro meses antes de que existiera la resolución que lo financia.
Ese mismo viernes el Cabildo dio de alta otra subvención nominativa de 2026 a Cáritas Diocesana de Canarias para un proyecto que se llama exactamente igual, «Canal Social 2026». Existen ediciones anteriores de este canal, así que nada de lo anterior estrena nada.
