La falta de inspecciones diluye la ley estatal contra el despilfarro de alimentos
Fuentes del Ministerio de Agricultura aseguran que aún no se tiene información sobre los controles que realizan las CCAA y que “se está trabajando en un plan de control” estatal
A pesar de no desplegarse en su totalidad, los bancos de alimentos empiezan a ver resultados y aumentan la recogida de alimentos procedentes de empresas de la cadena de alimentación
Personas vulnerables y sin recursos aprovechan la comida que tiran los supermercados cada día cuando cierran. Álex Garcia
“¿Ya han sacado la comida?”. “Justo ahora la traen”, contesta un trabajador del supermercado mientras señala a otro compañero que arrastra dos cubos de basura rectangulares. Rápidamente, una mujer de unos 70 años se levanta del banco donde estaba sentada y hace señas a un grupo de gente. Juntos se dirigen hacia los cubos de basura – con sus respectivos carritos de la compra-, y empiezan a sacar, ordenadamente, bolsas semitransparentes llenas de fruta fresca y comida de los contenedores.
Si uno hace caso a la ley, esta imagen ya no debería suceder. De hecho, de ser así, la empresa tendría que recibir una sanción económica por ello. La ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario entró plenamente en vigor el pasado 2 de abril para combatir la pérdida de residuos y exigir planes de prevención a las empresas de la cadena alimentaria con una extensión superior a 1.300 m², a excepción de micropymes y pequeñas explotaciones agrarias.
Según ha podido comprobar La Vanguardia, imágenes como estas continúan sucediendo en las puertas de algunos supermercados y, además, no se tiene constancia, ni por parte de las instituciones ni de las empresas implicadas, de que se haya implementado un plan de inspecciones –que deben aplicar las comunidades autónomas– que permita desplegar el régimen de sanciones correspondiente.
El objetivo de la ley es poder identificar posibles pérdidas de alimento en las empresas de la cadena alimentaria con una extensión superior a los 1.300 m², a excepción de las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias.
En caso de no cumplirse alguno de estos pasos –que se deben implementar por orden de prioridad–, entra en juego el régimen sancionador, que prevé multas leves de hasta 2.000 euros en caso de no garantizar la donación de los productos y otras más severas, de hasta 60.000 euros –que pueden llegar a los 500.000 euros en caso de reiteración en el incumplimiento–, si no se cuenta con un plan de prevención en la empresa.
En caso de no poder garantizar que los productos se redistribuyan para el consumo humano, la empresa debe destinar los productos a la alimentación animal –como por ejemplo a la fabricación de pienso– o a otras industrias. Además, la ley establece que, como último recurso, ese alimento debe destinarse a la generación de energía.
Ni las instituciones ni las empresas tienen constancia de que se hayan iniciado las inspecciones en el sector
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha afirmado a este diario que aún no se tiene información sobre “los controles que realizan las comunidades autónomas, ni del resultado de estos”. Aun así, aseguran que “se está trabajando en la elaboración de un plan de control tal y como prevé la ley”.
Carles Guirado, jefe del Àrea de Alimentació Sostenible i Aprofitament dels Aliments de la Generalitat, asegura a este diario que el Departament “tiene constancia de que algunas empresas siguen lanzando comida a la basura, pero que se ha reducido mucho en los últimos años”. “El sector se está adaptando y sensibilizando en la prevención”, añade.
Cabe recordar, que Catalunya se adelantó a la ley estatal con la publicación de la ley de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios autonómica, cinco años antes, en 2020. Guirado afirma que, por el momento, “no se están haciendo inspecciones de oficio”, desde la Generalitat. “El despliegue reglamentario de la ley catalana se demoró a causa de la covid”, y justo cuando ya lo tenían preparado, “se aprobó la ley española”. Fue entonces cuando se pausó la puesta en marcha de la ley autonómica “por precaución”.
Este mismo año, el Govern de la Generalitat presentará una modificación de la ley “para adaptarla a la española” y evitar que exista un agravio comparativo entre comunidades, puesto que la normativa catalana es más exigente que la estatal.
El objetivo no es sancionar a las empresas que no cumplan con la ley; es concienciar”
Por otro lado, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat afirma que “por el momento el objetivo no es sancionar a esas empresas que no cumplen la ley, sino más bien acompañarlas y hacer un seguimiento del proceso de adaptación”.
Es decir, que no se aplica el régimen sancionador, “a la espera del plan de control que tiene que elaborar el Ministerio”, añade. Tampoco se ha recibido ninguna denuncia sobre estas prácticas – que puede presentar una asociación o un ciudadano particular-, aunque “en caso de tener evidencias de una irregularidad, se podría iniciar un expediente sancionador”, señala Guirado.
La ley catalana se aprobó en 2020, pero se ha pausado su aplicación para adaptarla a la normativa estatal
La legislación catalana obligaba a aplicar planes de prevención a todas las empresas de la cadena alimentaria –excepto las microempresas–, así como a cuantificar el despilfarro alimentario de cada empresa. En la ley española no, y esto es lo que genera un “agravio entre territorios”, en aquellas empresas que tienen actividad comercial en todo el estado. Ante esta disyuntiva, la Generalitat ha apostado por reducir las exigencias catalanas y readaptar la ley, a la baja.
Algunas comunidades habrían incluso visitado Catalunya para tomar apuntes acerca de la ley catalana. “Hemos servido de ejemplo”, asegura Guirado. “Había algunas comunidades que iban a una velocidad por debajo y el hecho de coordinarnos ha hecho que absorbieran las buenas prácticas”. Hasta el momento, “ha habido una reunión entre Ministerio y comunidades autónomas y hay un contacto frecuente” con Madrid “para mantener una coordinación” a nivel de Estado.
Las entidades sociales aprietan: “Tiene que haber inspecciones, transparencia y sanciones”
A pesar de la aplicación de la ley, Rosa García, directora general de la fundación Rezero, recrimina que la ciudadanía aún no ve los resultados de la regulación. “Si existen las obligaciones, también deben haber inspecciones, transparencia y, cuando haga falta, sanciones”. García hace especial énfasis en la situación catalana. “Cuesta entender que una norma que tenía que situar Catalunya como pionera de la prevención del desperdicio continúe sin aplicar las herramientas necesarias”.
Según esta entidad, no se pueden echar a perder los años de consenso, trabajo técnico e incidencia política detrás de la ley catalana. “Es el momento de que las administraciones pasen de la ambición legislativa a la acción efectiva. No puede quedar en papel mojado”.
Existe una cierta sensación de confusión por parte de las empresas respecto a la aplicación de la ley”
Núria de Pedraza, experta de la Asociación de Empresas de Gran Consumo en España y directora del proyecto La Alimentación no tiene Desperdicio, asegura que “existe una cierta sensación de confusión por parte de las empresas respecto a la aplicación de la ley.
Igualmente, de Pedraza defiende que se está avanzando en la sensibilización del sector. “Hay conciencia sobre la importancia de trabajar para la prevención y las empresas ya empiezan a articular convenios de donación con entidades sociales”.
El ‘cambio de chip’ llegará cuando la empresa ya no vea la ley como una obligación y preste atención a los beneficios que puede obtener”
Juan Ángel Martín, director en la península de Comerso, empresa que gestiona planes de prevención de residuos, afirma que “se tardará en garantizar la aplicación total de la ley”. Martín tiene claro que la toma de conciencia sobre la prevención tardará unos años en llegar. “El ‘cambio de chip’ llegará cuando la empresa ya no lo vea como una obligación, y preste atención a los beneficios que puede obtener”, añade.
Además, gracias a la Ley de Mecenazgo española, toda empresa que dona una parte de sus productos puede recuperar entre el 40% y el 50% en el impuesto de sociedades. Aun así, el sector es consciente de que la donación de alimentos tiene sus dificultades, sobre todo en localidades pequeñas donde no existen muchas entidades que ofrezcan este servicio.
El Banc d’Aliments de Barcelona asegura que se ha aumentado la recaudación de alimentos desde la entrada en vigor de la ley
Por otro lado, las entidades y fundaciones sociales ya empiezan a ver los resultados de la entrada en vigor de la ley. Según fuentes del Banc d’Aliments de Barcelona, se ha observado “un cambio en el comportamiento de las empresas”. Los datos de la entidad así lo demuestran: entre enero y mayo se han recuperado 120 toneladas más en donaciones de alimentos, pasando de 4.921 a 5.041 respecto al mismo periodo del año pasado.
Además, se ha incrementado la recogida en 173 toneladas -un 33% más- gracias a los convenios que se han realizado con la industria alimentaria; así como en 97 toneladas -un 10% más- correspondientes a la merma que se recoge de cadenas de alimentos y supermercados. La entidad vincula este aumento “a las nuevas obligaciones legales de las empresas” y asegura que la ley ha servido tanto para reforzar convenios como para mejorar los procedimientos internos de la entidad y aumentar así los equipos de voluntarios.
