El Cabildo de Fuerteventura anticipa el importe de las ayudas correspondientes al año 2024 para la Asociación de Banco de Alimentos de Las Palmas destinadas a atender a más de 400 familias -unas mil personas aproximadamente- que se encuentran reconocidas y declaradas por los trabajadores sociales en situación de riesgo de exclusión social y/o pobreza, y que por tanto no pueden atender a las necesidades razonables de una dieta equilibrada y sana.

La Consejería de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto que dirige Víctor Alonso articula mediante esta subvención directa nominada, prevista en los presupuestos de la Corporación Insular, una partida de 28.333 por ciento para el apoyo y ejecución del programa que cubre las necesidades de alimentación de la población que se encuentra en precaria situación socioeconómica en la Isla.

Según la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, “la máxima prioridad del Cabildo de Fuerteventura es trabajar por el bienestar de las personas. Por eso, desde la Corporación insular articulamos esta ayuda dirigida a las personas más vulnerables o en situación de riesgo, que tanto lo necesitan”.

Víctor Alonso ha explicado que “Canarias en general y Fuerteventura muy especialmente han visto crecer el coste de su cesta de la compra más de un 30 por ciento desde diciembre del año 2021, con incrementos notables de precios en productos básicos y esenciales como fruta, verdura, hortalizas, carnes, pescados, huevos, aceite…, y esto repercute muy directamente sobre las personas más vulnerables y desfavorecidas de nuestra sociedad, y de manera muy específica en la población infantil”.

Para el consejero insular del área, “el objetivo de esta y otras acciones previstas es aliviar y contribuir en proporcionar a la población vulnerable de la isla de Fuerteventura una dieta completa y equilibrada a la que en muchos casos no pueden acceder por su situación de precariedad, así como promover hábitos nutritivos saludables superando la barrera y limitaciones que suponen los precios elevados de determinados productos esenciales para la población en riesgo de exclusión”.

También, ha seguido explicando el consejero del área, “en virtud de este convenio se van a repartir alimentos de forma proporcionada entre las entidades y asociaciones de consumo y las de reparto colaboradoras con el Banco de Alimentos, favoreciendo de esta manera el acceso a los alimentos y en la medida de lo posible también a la economía local”.

La alimentación es uno de los pilares fundamentales para mantener una salud adecuada y la capacidad adquisitiva de la población es uno de los factores determinantes que influyen en la dieta. Las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en muchas ocasiones no disponen de recursos económicos suficientes para realizar una dieta equilibrada, primando el precio de los alimentos que adquieren frente a las propiedades que éstos puedan aportar a su salud. Así, desde el punto de vista de la nutrición, muchas familias majoreras no tienen acceso a una dieta equilibrada, tanto es aspectos de calidad como de cantidad.