Los problemas en torno a la tarjeta monedero del Gobierno para personas vulnerables se han enquistado. Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han reaccionado y armado un frente común contra el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), por el retraso en la implantación de la ayuda y las deficiencias técnicas del servicio, sin subsanar pese a que el Ejecutivo anunció hace semanas el inicio de la medida. Las administraciones territoriales urgen la convocatoria de un consejo territorial extraordinario para abordar la situación cuando antes, mientras que el departamento de Bustinduy asegura que todo está en orden por su parte y que las comunidades han tenido margen suficiente para preparar el proceso.

El Confidencial informó el pasado 27 de abril de las dudas para poner en marcha la medida, que debía arrancar el 1 de mayo, por la falta de tiempo y las dificultades para identificar y seleccionar a los potenciales receptores de la prestación, que nace con la pretensión de acabar con las llamadas colas del hambre y cubrir las necesidades básicas de familias sin recursos. Pero nada ha cambiado en las últimas semanas.

Madrid, Andalucía, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura y Baleares ha reclamado por carta a Bustinduy que convoque una reunión urgente del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para este martes, 14 de mayo, y solucionar los problemas existentes.

Las fuentes consultadas detallan que la misiva se envió el pasado jueves, 9 de mayo, y no habían recibido ninguna respuesta oficial hasta bien entrada la tarde de este lunes. En Derechos Sociales explican este diario que la convocatoria era imposible en esa fecha, aunque estudiaban una alternativa que no se ha conocido hasta casi una semana después. Finalmente han sido citados el 24 de mayo, según confirman desde el departamento de Bustinduy.

Las comunidades que aparecen en la carta, firmadas por los respectivos consejeros del ramo, aseguran que la solicitud se había hecho en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Consejo Territorial, que permite la convocatoria de su plenario si lo pide un tercio de sus miembros con una antelación de 48 horas. Los ejecutivos alertan de la “gravedad” de la situación, sin solucionar aspectos elementales como los contratos entre la Cruz Roja, adjudicataria del servicio, y los supermercados que participan. “Necesitamos más coordinación y considerar un sistema dual“, apuntan en uno de los gobiernos populares, que insiste en la “multitud de dudas técnicas” y la falta de respuesta por parte del ministerio pese a anunciar las ayudas hace casi un mes.

El ministerio, sin embargo, niega la mayor y sostiene que todas las dudas que se plantearon ya se abordaron. “En abril hubo dos reuniones técnicas con las comunidades para tratar exclusivamente estos asuntos y todas las dudas que nos han planteado después a nivel técnico han sido respondidas”, dicen en Derechos Sociales.

El único encuentro previsto estaba programado para el próximo 17 de junio, cuando se iba a celebrar el Consejo Territorial Ordinario. Las comunidades autónomas consideraban que era muy tarde para atajar la situación y que solo iba a provocar más retrasos. “Implica que las cuestiones técnicas que se tienen que implantar no se podrán resolver hasta ya entrado el verano. Están dilatando aún más el problema”, denuncian.

Advierten, además, que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tampoco ha resuelto las dudas sobre la derivación de las familias al programa, las incompatibilidades con otras ayudas como el ingreso mínimo vital o qué pasará con los vulnerables fuera de la iniciativa tal y como está planteada. El Banco de Alimentos, como informó este periódico, ya dijo que 350.000 personas quedarían sin prestación.

Por vía de urgencia

El Gobierno del PSOE y Sumar aprobó en enero el nuevo sistema, similar a los ya implantados en Andalucía o la ciudad de Madrid, para familias con hijos en situación de pobreza. Las tarjetas, que oscilan entre los 130 y los 220 euros al mes, están destinadas a hogares cuyos ingresos por unidad de consumo no superen el 40% de la renta mediana nacional, aunque deja en el aire la asistencia a quienes no tienen descendencia.

El Ejecutivo adjudicó el proceso por vía de urgencia con una subvención directa a Cruz Roja para cubrir las ayudas entre abril y diciembre de este año, encargando a las comunidades autónomas el cribado de los posibles beneficiarios hasta 2025, que es cuando lo asumirán en su totalidad. Y este extremo, precisamente, escama a las administraciones regionales.

“La sensación es que el Gobierno quiere poner en marcha la tarjeta de cualquier forma y llegar a 2025, que es cuando lo asumimos las comunidades, y lavarse las manos“, apuntan desde uno de los ejecutivos regionales, que recuerdan que la selección de los receptores presenta muchos problemas porque algunos ayuntamientos implicados ni siquiera tienen capacidad para abordar esta acción.

Lo cierto es que la posición del ministerio no dista demasiado de esta lectura, según la respuesta facilitada a este diario sobre las dificultades en el inicio de la medida. “El Gobierno ya ha cumplido su compromiso de que el sistema de tarjetas estará habilitado para este mes de abril. Ahora son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, de identificar a las familias potenciales beneficiarias para derivarlas a Cruz Roja”, señalaron en Derechos Sociales, que traslada la responsabilidad a estas administraciones. Según sus cálculos, la tarjeta monedero llegará a 70.000 familias.