La inflación y el precio de la vivienda cronifican la pobreza en Córdoba
Una trabajadora del Banco de Alimentos de Córdoba organiza los palets de productos en el centro / Víctor Castro
Las principales asociaciones coinciden en que hay un incremento en la vulnerabilidad entre las personas que ya estaban en exclusión social
Víctor Castro Tomado del Diario Córdoba
Esta es, de manera general, la situación que Cruz Roja, Cáritas, Prolibertas y el Banco de Alimentos Medina Azahara detectan en la provincia cordobesa, entendiendo que las personas en exclusión social no son una masa homogénea y que las historias son tan variadas como personas atienden. Aún así, sí hay ciertos patrones y perfiles que se han mantenido en el tiempo, y otros que entran y salen de acuerdo a las circunstancias económicas que esté atravesando el país -en la crisis del ladrillo o en el covid-.
«La vulnerabilidad es transversal a todos los colectivos y el detonante principal es la carencia de ingresos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas». Lo explica así el responsable provincial del programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja en la provincia, Ángel Córdoba. Personas mayores con problemas económicos por pensiones de baja cuantía, migrantes sin acceso al trabajo, personas desempleadas o empleadas con salarios precarios están entre ellas.
Aumento entre los inmigrantes
El director de Prolibertas, Eduardo García, confirma que en el Centro de Día de Sagunto o el comedor social de los Trinitarios hay un aumento considerable entre los inmigrantes que están esperando que les concedan la protección internacional. Las citas para pedir asilo están tardando más de dos años y mientras tanto estas personas no tienen acceso a ninguna otra ayuda, empleo o vivienda. En Cáritas han notado la misma situación, la responsable del programa de vivienda, Olga Manta, y la coordinadora de acompañamiento en el territorio, Laura Cabello, agregan que los migrantes están viviendo en hacinamiento en habitaciones por las que tienen que pagar hasta 400 euros. Como algunos no pueden pagarlo, están viviendo en la calle.
Visto este panorama, hay un tema que preocupa especialmente a las entidades, y es el del acceso a la vivienda -aquí entra también la extrema dificultad para que a los migrantes les alquilen un piso y el aumento de documentación que piden los propietarios tras la aprobación de la Ley de vivienda-. Con la escasa oferta de vivienda social y los precios disparados, algunas asociaciones ya cuentan desde hace años con casas de acogida o proyectos dedicados a pisos de autonomía, pero la situación actual ha hecho que otras se hayan visto obligadas a poner en marcha proyectos específicos para abordar el problema. Prolibertas, por ejemplo, cuenta desde 2022 con tres pisos en los que tiene actualmente nueve plazas. Por el programa han pasado unas 17 personas y 13 de ellas han conseguido mejorar su situación e insertarse en el mercado laboral.
Asimismo, estas entidades -todas- han detectado cómo han vuelto a solicitar ayuda en los últimos años algunas personas y familias que, tras haber conseguido alcanzar unos ingresos y una vida más o menos estable y cómoda, han recaído en la situación de vulnerabilidad. De hecho, el 66% de las personas sin hogar atendidas por Cruz Roja tenían trabajo y vivienda antes de entrar en la exclusión residencial, una cifra alarmante. En Cáritas la mayoría de los usuarios acuden para cubrir necesidades básicas como alimentación -en su mayoría no pueden comprar carne o pescado-, pago de suministros como luz y agua y ayuda para tratamientos farmacéuticos.
En datos
Los datos dan una imagen de la situación. En el Centro de Día de la entidad la atención alcanzó las 890 personas en 2023 y en lo que va de este año ya superan las 772, lo que indica que la situación no mejora. De hecho, en el comedor han aumentado un 21% entre 2022 y 2023, llegando a 1.323 personas, un 48% de ellas de nacionalidad española, que han contado con 40.683 almuerzos, un 23% más. Son unos 130 menús al día y 233 usuarios más en un año. «Tenemos muchísimas personas que no tienen garantizados las ayudas suficientes para hacer una vida digna», alerta García, que recuerda que sus instalaciones ya hace muchos años que se han quedado pequeñas y piden poder construir un nuevo comedor para garantizar la atención de todos los que acuden hoy, aunque hasta ahora no ha habido voluntad política en el Ayuntamiento para llevarlo a cabo.
Uno de los principales problemas de la emergencia social en Córdoba siempre ha sido el sinhogarismo. El trabajo de las asociaciones y de Servicios Sociales se une en la Red Cohabita para poder intervenir de manera transversal en este problema. Las unidades móviles de las entidades ya se están preparando para la temporada de frío de este año, una de las más importantes. Los últimos datos de la red rezaban que había en Córdoba entre 60 y 80 personas viviendo en la calle. Las asociaciones no descartan que ese número haya podido subir, pero habrá que esperar lo que arroje la campaña.
Recursos y medios
Todas las entidades -Cruz Roja, Cáritas y Prolibertas- cuentan con una gran cartera de recursos para atender a los más desfavorecidos, y tratan de poner el foco en una atención integral, desde paliar las necesidades más urgentes hasta intentar que consigan finalmente una autonomía económica que les permita dejar de depender de las ayudas sociales. Para cumplir con esa labor las asociaciones necesitan recursos económicos y voluntarios. Cada vez más.
Además de las ayudas públicas, subvenciones y colaboración de empresas privadas, muchas organizan actividades para recoger fondos. Subsisten gracias a la solidaridad cordobesa. En el Banco de Alimentos de Córdoba necesitan unos 1.500 voluntarios para la Gran Recogida, en noviembre, y el próximo 18 de octubre tienen un concierto en el Gran Teatro con la Orquesta de Córdoba. Prolibertas celebra su próximo mercadillo solidario el 14 de diciembre en su sede, mientras que Cáritas y Cruz Roja tienen abiertos sus donativos en internet, además de otras actividades durante el año.
