La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario entró en vigor el 1 de enero de 2025
El Pleno del Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario por 176 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones. Este proyecto de ley está estructurado en seis capítulos y recoge medidas específicas para todos los agentes de la cadena alimentaria, desde productores hasta consumidores finales.
La ley trata de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, bien en el hogar o en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de todas las fases de la cadena. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo, lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales, y que casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase de postcosecha y venta minorista.
Para la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
La Ley considera a los Bancos de Alimentos como parte de la cadena alimentaria. Y, por tanto, sujetos al cumplimiento de la misma. Va a fomentar, por tanto, la donación y redistribución de alimentos con fines de solidaridad social garantizando su trazabilidad y seguridad alimentaria.
