El Gobierno cobra el IVA a las donaciones de alimentos pese a eliminarlo por ley hace seis meses
Tomado de elconfidencial.com
En España hay 4,1 millones de personas en situación de pobreza severa. Son personas para las que los bancos de alimentos son una ayuda necesaria a lo largo de todo el año. Como ocurriera con la ley ELA, el Gobierno lleva meses sin aplicar una norma aprobada en las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que permite eliminar el cobro del IVA en la donación de alimentos. Un incentivo para aumentar la aportación de estos bienes de primera necesidad.
En concreto, se trata de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que en su disposición final decimoséptima señala: “El Gobierno establecerá, en el menor tiempo posible, el mecanismo para la aplicación inmediata del tipo del 0 por ciento a todas las entregas de bienes, en especies o dinerarias, realizadas en concepto de donativos para la adquisición de alimentos o artículos de primera necesidad a las entidades sin fines lucrativos”.
Sin embargo, pese a que la ley entró en vigor el 2 de abril, el Gobierno no ha activado los mecanismos necesarios para hacer efectiva esa exención del IVA. Es trascendental para los bancos de alimentos, que afrontan este mes la Gran Recogida de 2025, en la que recolectan más víveres que en cualquier otro momento del año.
La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (Andas) denuncia que los bancos de alimentos, cuando se abastecen de productos de primera necesidad para las clases más necesitadas con las aportaciones dinerarias que reciben de los donantes particulares y otras instituciones, “están pagando anualmente alrededor de 3,5 millones de euros de IVA”. Alegan que este dinero “se podrían utilizar, y es de esperar que a la mayor urgencia así sea, para emplearlo en donar más alimentos”.
Sánchez no contesta
Santiago López, presidente de Andas, denuncia en declaraciones para El Confidencial que ha llegado a escribir por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tome cartas en el asunto. “Hemos escrito varias cartas al presidente del Gobierno, a la ministra de Hacienda y al ministro de Agricultura”, asevera López. Ni Sánchez ni el ministro de Agricultura, Luis Planas, han respondido a las misivas.
El presidente de esta asociación apunta que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, sí respondió a través de su Secretaría. “Aludió a problemas técnicos, y contestamos que han resuelto problemas, a nuestro entender, más complicados”, explica López.
Según el último informe anual sobre ‘El Estado de la Pobreza’, el 25,8% de la población vive en riesgo de pobreza, 12,5 millones de personas. La cifra de españoles en situación de pobreza extrema alcanza los 4,1 millones. Son personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes.
Ante estas circunstancias, López pide que pongan en marcha a la mayor urgencia la ley o, en su defecto, que el Gobierno “establezca un plan de choque, dotado de recursos para que se pueda aplicar hasta que se pongan en marcha el mecanismo o reglamento para su aplicación”.
Como reconoce el presidente de Andas, han sido años de “lucha” para conseguir que legalmente se exima a los donantes de alimentos de pagar el IVA. “Ha costado muchos años y trabajo hasta que ha salido adelante, lo que agradecemos los más de cuatro millones de personas (entre voluntarios y donantes particulares) que participamos en las grandes campañas de recogida. Los alimentos donados se valoran a cero euros, siendo, por tanto, cero el valor del IVA“.
El Gobierno de Sánchez vetó en 2021 una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para repartir el millón de euros generados aquel año por el IVA de las donaciones de alimentos en la compra de más comida para los necesitados. El argumento entonces fue que implicaba un “aumento de gasto”. Aquella decisión generó un profundo malestar en el sector.
Un año después, vieron esperanzados la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establecía la exención fiscal de las donaciones de alimentos. El Gobierno jugó al despiste durante meses, dando largas a organizaciones como Andas. En primera instancia, el Ministerio de Agricultura señaló en una reunión con estas asociaciones que estaban “trabajando en el asunto”. Sin embargo, Hacienda terminó confesando que aquella ley solo era aplicable a las donaciones de las grandes superficies de alimentación, quedando excluidas las donaciones que hacen los particulares a los bancos de alimentos. Su aportación supone el 20% de lo que reciben estas instituciones.
Esta exención fiscal se terminó negociando en la ley de desperdicios en el plazo de enmiendas, aunque el Gobierno se resistió en un primer momento porque argumentaba, una vez más, que implicaba un “aumento del gasto”. Finalmente, esta medida se incluyó en forma de disposición adicional, pero seis meses después, el Ejecutivo de Sánchez sigue sin aplicarla.
