La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha adjudicado en Córdoba a la empresa Luis Piña SA el servicio de prestación de provisión de alimentos y asistencia material básica para familias vulnerables con menores a su cargo a través de tarjetas monedero o vales físicos o electrónicos. Superado el plazo de alegaciones, la puesta en marcha del servicio está pendiente de la formalización del contrato, según fuentes de la Consejería, que ha recordado que serán los ayuntamientos, a través de sus delegaciones de Servicios Sociales, los que deberán determinar las familias que pueden recibir el servicio en base a los criterios de vulnerabilidad social que establezca la Junta.

Según la plataforma de contratación, se trata de la oferta más ventajosa para el lote correspondiente a Córdoba, donde se habían presentado cinco empresas. Dicha empresa se encargará de la gestión del servicio en Córdoba y en Jaén mientras en los seis lotes restantes han sido adjudicados provisionalmente a Centros Comerciales Carrefour, pendiente aún del plazo de alegaciones. En el lote de Córdoba, cinco cadenas de alimentación presentaron sus ofertas inicialmente: Carrefour, Covirán, Día, Masymas y Tiendas Óptima, siendo la provincia donde concurrieron más empresas.

Tiendas en seis municipios de Córdoba

Luis Piña SA cuenta con 79 establecimientos entre Córdoba y Jaén, 66 Masymas, 5 Minymas, 8 EuroCash. La mayoría se encuentran en la provincia de Jaén y según el listado de establecimientos de la cadena, en Córdoba tiene tiendas solo en seis municipios: Córdoba capital, Bujalance, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Villa del Río y Villanueva de Córdoba. Está por ver cómo se distribuirán las ayudas y se canjearán las tarjetas monederos en las localidades donde no hay ningún Masymas, Minymas o Eurocash. En las tarjetas gestionadas anteriormente por Cruz Roja, el listado de supermercados incluía varias cadenas y Córdoba contaba con 19 establecimientos en la provincia, aunque diez de ellos estaban en la capital

El importe de adjudicación para los próximos dos años asciende a 4,3 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus, e incluye una serie de mejoras y comprende cualquier gasto que pueda realizarse para el cumplimiento de la prestación. La Junta de Andalucía dispone de 92 millones de euros para ejecutar en tres años las prestaciones en toda la comunidad. Fuentes de la Consejería han informado de que debido a los retrasos, la vigencia del programa se extenderá hasta 2029, para ajustarse al marco temporal, manteniéndose la misma financiación.

Entre 130 y 220 euros por unidad familiar

La Consejería de Inclusión Socia estima que la cuantía media de la ayuda ascenderá a 172,5 euros/mes. Los importes de las tarjetas serán de 130, 160, 190 y 220 euros mensuales y se concederán a familias con menores en situación de pobreza severa, cuyos ingresos sean inferiores al 40% de la renta media, en función del número de miembros que compongan las unidades familiares. Según los parámetros con los que se creó esta ayuda, una unidad compuesta por un adulto y un menor recibirán una tarjeta con 130 euros al mes; si la unidad familiar se compone de tres personas, 160 euros; si son cuatro, sube a 190 euros y si son cinco o más, 220 euros al mes, lo máximo previsto. Las tarjetas no son canjeables por dinero y se podrán usar durante un periodo de hasta 12 meses con posibilidad de prórroga, con recargas que se activarán el primer día de cada mes. Una vez se activen, los posibles beneficiarios deberán acudir a los Servicios Sociales Comunitarios de su ayuntamiento para la evaluación de la situación de vulnerabilidad.

2.000 familias a la espera

Unas 2.000 familias de Córdoba esperan desde hace un año que se restablezca esta ayuda básica, que dejó de ofrecerse temporalmente, a la espera de que la Junta de Andalucía pusiera en marcha el nuevo sistema, que ha sufrido sucesivos retrasos. La licitación se puso en marcha en mayo del año pasado y hasta el mes de febrero no se ha producido la adjudicación.

Los retrasos de estas ayudas básicas han provocado el malestar de distintas entidades del tercer sector, que han tenido que paliar las necesidades como han podido, y del Defensor del Pueblo Andaluz, que en octubre del año pasado, “pasado un tiempo más que suficiente sin que este recurso se implemente”, elevó una queja a la consejería trasladándole el malestar de las personas pendientes de estas tarjetas. En su escrito, aseguraba que “esta carencia de recursos básicos, no solo abarca problemas administrativos en la gestión, sino que impacta de manera directa en los derechos fundamentales de las familias más frágiles de la sociedad andaluza, tales como el derecho a la integridad física y moral”.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha rechazado desde el principio el modelo de tarjetas monedero al considerar que deja fuera a más de 26.000 cordobeses al limitar el acceso a las ayudas solo a las familias que tengan menores a su cargo y no a otras familias vulnerables sin hijos. Otras comunidades autónomas ya las han puesto en marcha. Una de ellas es Canarias, que activó las tarjetas en julio del año pasado o Murcia, que las puso en marcha en septiembre.