El proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario está en fase de negociación parlamentaria tras la presentación de cerca de 300 enmiendas, con tres meses de margen antes de su entrada en vigor prevista para enero de 2025.

Los diferentes grupos con representación en el Congreso de los Diputados presentaron en junio 278 enmiendas al texto legislativo y a finales de julio se creó la ponencia correspondiente.

En el marco del día mundial de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, que se celebra este domingo, el portavoz de Alimentación del grupo socialista en el Congreso, Sergio Matos, señala que actualmente están negociando el contenido con todos los partidos.

Su intención es debatirlo en comisión en octubre, antes de elevarlo al pleno de la cámara y de ahí al Senado, con el objetivo de que el texto salga aprobado a finales de año.

“Esta ley estuvo a punto de ser aprobada en el anterior mandato y quedó paralizada por la convocatoria electoral. Había bastante consenso y ahora en algunos casos se han presentado otra vez enmiendas parecidas, con lo cual la respuesta del Ministerio es muy parecida; yo deseo que, más allá de alguna tirantez, salga aprobada”, afirma Matos.

El portavoz prevé que algunas partes no se van a poder tocar porque dependen de los presupuestos del Estado, pero en general observa “buena sintonía” entre los grupos.

El contenido de la norma

Se espera que se mantengan aspectos clave del anterior proyecto, como la jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos, con el consumo humano en primer lugar a través de la donación o redistribución de los alimentos.

En siguientes escalones, se contempla la transformación de los alimentos y, cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos y finalmente la obtención de compost y biocombustibles.

También se establece la obligación de las empresas de la cadena de contar con un plan de aplicación para prevenir las pérdidas y el desperdicio, y de llegar a acuerdos para donar sus excedentes siempre que sea viable.

Al margen, el grupo socialista ha presentado enmiendas para incorporar la reforma de la representatividad agraria -todavía en negociación- y la declaración de interés general de caminos naturales y de determinadas obras de modernización de regadíos, unos asuntos que se entiende que deben incluirse en una ley orgánica.

En línea con la UE

Matos asegura que el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario ha tardado en volver a ponerse en marcha a la espera de que saliera adelante una nueva norma europea.

El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo deben todavía negociar el texto sobre la propuesta legislativa que hizo en 2023 la Comisión Europea en su revisión de la directiva europea.

Los países han aceptado por el momento fijar objetivos vinculantes para reducir el desperdicio alimentario, que asciende a 131 kilos por habitante al año y representa un coste total de 132.000 millones de euros, según Eurostat.

El Consejo quiere que en 2030 se rebaje el desperdicio en un 10 % en procesamiento y manufactura, como proponía la Comisión pero por debajo del 20 % que quiere la Eurocámara, y un 30 % per cápita en el comercio minorista, restaurantes, servicios de alimentos y hogares, frente al 40 % que reclama el Parlamento Europeo.

Más allá de los cambios que se planteen en la UE, el portavoz socialista sostiene que la norma española es “bastante completa” y la ve necesaria “para empezar a trabajar” en ese ámbito, pues siempre se puede mejorar con el tiempo desde el poder legislativo.