Tres barrios de Córdoba llevan años en puestos de cabeza entre las zonas con la renta media más baja de España, un titular que se repite por estas fechas y que, según las entidades sociales que trabajan en el terreno, no refleja los avances que se están consiguiendo. La Fundación Don Bosco es una de esas organizaciones. Según la coordinadora del programa socioeducativo, Elena Balongo, «si miras atrás, ves que se está avanzando aunque todavía quede mucho por hacer». Recuerda que en estas zonas hay problemas estructurales importantes difíciles de atajar: «No solo faltan ingresos, hablamos de formación, de vivienda, de empleo».

En este momento, Don Bosco tiene en marcha dos proyectos de cocinas comunitarias en Palmeras y Guadalquivir. «No ofrecemos asistencialismo, es una forma de acercar a las familias con pocos recursos para que puedan preparar sus alimentos y además participen en itinerarios sociales, formativos y laborales personalizados». Considera que se está trabajando bien y de forma coordinada con los Servicios Sociales Comunitarios, pero que es una tarea que no ofrece resultados inmediatos. «Necesitamos proyectos de larga duración, con financiación estable y coordinados con la administración, que actúen de forma integral», apunta. «No basta con hacer un diagnóstico, hay que hacer seguimiento, desarrollar medidas concretas y medir si lo que hacemos funciona», asegura.

En eso coincide con CIC Batá, otra de las entidades presentes en estos barrios a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social Eracis + que desarrolla la Junta de Andalucía con fondos europeos. Rafael Cantero, coordinador del área de Educación, Comunicación y Cultura de Batá, se muestra «optimista» aunque con reservas. «El nivel de renta no es el único indicador», afirma. «Lo que vemos a diario es que las cosas están mejorando, por eso el hecho de que Palmeras, Moreras o distrito Sur aparezcan cada año entre los barrios con la renta más baja no significa que se esté retrocediendo o que las intervenciones no funcionen. Ellos avanzan y el resto de barrios también, pero no superan esa barrera porque hay problemas estructurales que hay que atajar».

En su opinión, «tiene que haber un compromiso firme a todos los niveles de la administración en algo tan básico como el acceso gratuito a la educación». CIC Batá trabaja fundamentalmente en el acceso al empleo y la orientación laboral, actuando de intermediario con empresas que necesitan personal. «Para seguir avanzando en esa línea, el acceso gratuito a la Formación Profesional es clave», señala. «Cada vez hay más demanda de FP y lo que vemos es que se está desplazando a gente de estas zonas que quiere aprender un oficio y que no obtiene plaza». Añade que «la administración tiene que tener en cuenta que estas familias no pueden pagar los centros privados».

Educación para romper el círculo de la pobreza

Según Cantero, «para romper el círculo de la pobreza y conseguir que las nuevas generaciones no hereden esa situación, la única fórmula que existe es la educación y la formación». También reclama medidas estructurales para el acceso a viviendas públicas a precios asequibles. «La mayor vulnerabilidad que estamos observando tiene que ver con la inflación, que está haciendo que haya familias trabajadoras que no lleguen a fin de mes y que se vean obligadas a destinar gran parte de sus ingresos a pagar la hipoteca o el alquiler».

Tanto Balongo como Cantero creen que para sacar a estos barrios de esos puestos de cola «hay que tomar medidas de carácter estructural». En cuanto a las convocatorias de intervención social que sacan las administraciones, coinciden en que «deben ser proyectos para varios años, con financiación estable, que actúen en los barrios de forma integral y que sean evaluables para poder medir los avances reales».

Según el responsable de CIC Batá, las organizaciones sociales no pueden cambiar por sí solas la realidad. «Hacen falta compromisos públicos con objetivos tangibles y medibles para no volver a caer en el asistencialismo, que lejos de acabar con la pobreza contribuiría a cronificarla», asegura.

Para el director del Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola, Antonio Sianes, «la situación de estos barrios no va a cambiar a corto plazo porque un proceso de transformación social tan profundo tarda años en dar frutos». Después de casi una década trabajando en las zonas de transformación de Córdoba, asegura que «han pasado diferentes gobiernos regionales y locales y yo no he percibido un cambio estructural en la forma de abordar esta problemática».

La necesidad de un abordaje integral y proyectos de largo recorrido

En su opinión, «si hubiera realmente un abordaje integral y coordinado, de carácter público-privado, para transformar los barrios, los efectos podrían empezar a notarse quizá en cinco años». Recuerda que «los procesos de cambio social son muy lentos cuando se trata de mejorar mientras que la degradación puede ser muy rápida».

Tanto Sianes como los responsables de Fundación Don Bosco y CIC Batá creen que la salida real a esta situación, que engloba problemas de empleo, seguridad, convivencia, educación, infraestructuras y vivienda, pasa por abordarla de forma conjunta y contando con la participación de los vecinos.

Sianes reclama la creación de una gran mesa intersectorial con todos los actores implicados, presupuesto y compromisos reales a largo plazo porque «hablamos de una enfermedad crónica que se está tratando con ibuprofeno y que reduce algunos síntomas temporalmente mientras la enfermedad avanza».

Desde la asociación Barrios Ignorados de Córdoba, Manuel Díaz cree que lo que hace falta es «voluntad política para hacer planes integrales en cada barrio y llevarlos a cabo». Por eso reclama invertir «en proyectos de largo recorrido que cuenten con la participación de los vecinos», porque el trabajo de las oenegés puede paliar algunas situaciones concretas «pero no ataca a las raíces del problema».