El Consejo Territorial de Servicios Sociales de este lunes -continuación del que tuvo lugar el pasado 24 de mayo- ha servido para dejar dos cosas claras: una, que el Ministerio de Derechos Sociales estudia cómo seguir tutelando a las administraciones autonómicas en este proceso y se abre a modular su negativa inicial a continuar haciéndolo a partir del 1 de enero de 2025. Las autonomías piden que mínimo se responsabilice hasta junio del año que viene. Cabe recordar que ése es el plazo inicial que se marcaron para delegar la completa gestión de los fondos recibidos para su reparto a población vulnerable a las autonomías en colaboración con Cruz Roja. No obstante, en un reciente evento, el ministro Pablo Bustinduy ya permitió vislumbrar un cambio de opinión. «Están estudiándolo, aunque mantienen que hay dificultades», dicen a ABC fuentes presenciales. Segunda cuestión: casi todas las comunidades, tras el caos inicial, empiezan a distribuir estos vales. Según dijo el ministro Pablo Bustinduy en un desayuno reciente de la agencia Europa Press, hay cuatro autonomías que ya lo hacen, seis a punto. Madrid ha anunciado hoy que lo hará a finales de este mes. El resto ha esgrimido sus dificultades para hacerlo.

La Comunidad de Madrid comenzará a repartir las tarjetas monedero para la compra de alimentos por parte de familias vulnerables a finales de este mes, ha asegurado este 17 de junio la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. La responsable autonómica también ha pedido al Gobierno de España que aplique un «IVA cero» para estos productos entre estas personas en situación de necesidad, una petición a la que se han adherido otras regiones.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, Dávila ha emplazado al Ministerio de Derechos Sociales que pida al de Hacienda la aprobación de un cero por ciento de IVA en los alimentos para población vulnerable, dentro del nuevo sistema de reparto a través de tarjetas monedero.

Dávila ha recordado que desde que el Gobierno decidió poner en marcha estas tarjetas, en diciembre de 2021, el precio de los alimentos «se ha incrementado un 25,7%, por lo que defiende que el «IVA cero» no se encamina únicamente «a ayudar a esta población», sino que también serviría para «que el Estado no se enriquezca con este sistema».

Ana Dávila ha mostrado su «preocupación» por que el Ministerio de Derechos Sociales no haya garantizado todavía que pueda prorrogar su acuerdo con Cruz Roja para la gestión de las tarjetas medio año más, hasta junio de 2025. Todo ello, ha insistido la consejera, a pesar de que el objetivo de esta prórroga es que el modelo de transición del Ministerio «corrija deficiencias como la escasez de supermercados adheridos al programa o las dificultades de accesibilidad a las tarjetas», y de que algunas comunidades «ya han expresado que su sistema no estará listo el 1 de enero de 2025».

En cualquier caso, Dávila ha remarcado que su comunidad ya está tramitando la licitación de la tarjeta autonómica para el año 2025, ha explicado la titular de Asuntos Sociales, a pesar de «las incertidumbres que aún arrastra el nuevo sistema del Gobierno».

Algo que ha originado mayor malestar y ha congregado a todas las comunidades del PP es que el Estado reduzca este año su aportación a las comunidades autónomas para atender a las personas dependientes, mientras «quiere entregar un cheque en blanco a los independentistas en Cataluña« para, lamenta la consejera también de Madrid, garantizar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Desde el Ministerio se enfatiza que los 783 millones de euros consignados para dependencia representan una cifra récord pese a ser la misma del año pasado al no haber presupuestos. Varias comunidades han afeado que “el chicle no se estira igual para todas”, según algunas fuentes.

En este sentido, Dávila ha recordado que el Estado «está obligado por ley» a cofinanciar el 50% de las prestaciones de dependencia, a pesar de que en 2023 su aportación a la Comunidad de Madrid «solo llegó al 30%». La consejera ha recalcado que Madrid ha elevado su presupuesto este año a 1.700 millones.

Por último, la representante madrileña ha insistido en que el Estado cofinancie el 50% de la dependencia a todas las comunidades autónomas «sin excepción como marca la ley« y »no solo a País Vasco y Cataluña por razones meramente políticas«, generando »una mayor desigualdad entre españoles y una desprotección sin precedentes de las personas más vulnerables«, ha concluido.

La Región de Murcia ha lamentado la «dotación insuficiente» de fondos para financiar el sistema de la Dependencia en 2024, aun habiendo cumplido con los objetivos establecidos en el convenio firmado el año pasado con el Imserso como la mejora del acceso a los servicios y la contratación de profesionales, entre otros, según informaron fuentes del Gobierno autonómico en un comunicado. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha recordado al Ministerio de Derechos Sociales que Murcia «aportó el pasado año más de 221 millones de euros, frente a los 70 millones que aporta el Estado, tan solo un 25% de la financiación total», por lo que ha reivindicado más financiación estatal «para equilibrar el gasto entre las dos administraciones».

«El incremento de fondos es esencial para reducir las listas de espera, continuar proporcionando un servicio de calidad y seguir mejorando las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas más vulnerables«, ha afirmado la consejera.

En el Consejo Territorial de Servicios Sociales también se han abordado modificaciones normativas en discapacidad y dependencia, para las que la consejera solicitó más información, memorias de impacto económico, así como la correspondiente financiación.

Igualmente, durante la sesión, la Región de Murcia se sumó a la petición del resto de comunidades autónomas de ampliar el plazo, hasta junio de 2025, para asumir la gestión íntegra del programa de Asistencia Material Básica conocido como las ‘tarjetas monedero’. «Necesitamos más tiempo para subsanar las dificultades que desde el inicio plantea el programa«, ha señalado Ruiz, en referencia a la poca cobertura del programa diseñado por el Ministerio, que en la Región de Murcia »solo llega a 10 de los 45 municipios, y solo alcanza a un 11% de las familias en situación de pobreza extrema«.