Gestionar qué cantidad y de qué manera se reparten los alimentos a las personas que verdaderamente lo necesitan es complicado de principio a fin. Tanto que hasta el Defensor del Pueblo ha decidido elevar una actuación de oficio para entender cómo funciona el nuevo sistema de reparto.
Decir que la implantación de un nuevo sistema de ayuda basado en tarjetas monedero, que sustituye la gestión del Banco de Alimentos y pasaría a concederse a través de una tarjeta canjeable en supermercados, ha generado críticas por el posible descenso en el número de beneficiarios y la dificultad de acceso en localidades sin supermercados.
Por un lado, respecto a la posibilidad de atender a menos personas y con una menor cantidad de alimentos, se afirmaba que, hasta el momento, las compras del Banco de Alimentos se realizaban al por mayor, “por lo que se conseguía un mejor precio” que el de las superficies de distribución. Esto, como es de suponer, redundaba en poder hacer llegar a los beneficiarios una mayor cantidad de alimentos.
Por otro lado, se apuntaba a la problemática que se podía generar para quienes residan en pequeños pueblos donde no existen supermercados. Estas personas, según se razonaba, se iban a ver obligadas a desplazarse para la obtención de la ayuda, lo que antes, dada la red de reparto con que cuenta el Banco de Alimentos, no sucedería.
Por si fuera poco, se venía a denunciar “lo complicado” de evitar que una misma persona sea beneficiaria de la tarjeta y usuaria del Banco de Alimentos simultáneamente, duplicidad que puede resultar “injusta y perjudicar” que se llegue a otras personas.
En relación con ello, se indicaba que el Banco de Alimentos ha venido a solicitar que los servicios sociales excluyan a quienes se conceda la tarjeta canjeable del acceso al servicio que prestan ellos, pero que la gestión estaba siendo complicada.
Desde el departamento de Derechos Sociales argumentan que la decisión del cambio de modelo fue adoptada a nivel estatal por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en 2022, limitando la capacidad de decisión de Navarra. Aseguran que el sistema aún está en fase de ajuste y que se está trabajando en alternativas para cubrir las necesidades en zonas sin supermercados.
”Los requisitos, intensidades y cuantías vienen determinadas por el Ministerio, enmarcadas en la normativa y procedimientos de Fondos Europeos”, añade el Ejecutivo Foral. Además, aseguran, “no hay datos que permitan mantener la afirmación de que la ayuda llega a menos personas”.
”Finalmente, Gobierno de Navarra sostiene que aunque es cierto es que los Servicios Sociales de Base y las entidades sociales no comparten bases de datos (la coordinación se ajusta en cada zona), no se debe olvidar que las personas beneficiarias de estos programas también son parte activa y responsable de su propio itinerario y, por tanto, de aportar información a los servicios y entidades que les apoyan”.
Dado el contexto, el Defensor del Pueblo considera que, como es natural, el sistema puede tener tanto ventajas como inconvenientes. Por ello, sugiere que, contando con la participación y criterio del Banco de Alimentos y de otras entidades sociales, se realice un seguimiento y análisis con vistas a detectar sus deficiencias o aspectos de mejora; y, si es oportuno, se plantee al Ministerio las modificaciones pertinentes.
En relación con la problemática para la detección de duplicidades, parece necesario que, en lo posible, se trabaje de forma coordinada, procurando que la ayuda alimenticia pueda llegar al mayor número de personas y familias que la precisen.
